Colom hereda una desventaja.

Por: Juan Guillermo Gutiérrez

Al acercarse el final del segundo mes de su gobierno, el Presidente Álvaro Colom ha logrado hasta ahora mantener su popularidad, y ha tenido éxito en balancear los extremos ideológicos para confrontar los dos principales azotes que han estado destruyendo a Guatemala desde el fin del conflicto armado: la debilidad e inseguridad institucionales.

Aunque el presidente desarrolló su campaña sobre la ambiciosa plataforma de crear 700.000 empleos, construir 200.000 viviendas, y reducir la pobreza en un 20%, su administración tendrá primero que confrontar la terrible falta de recursos, la baja recaudación fiscal, y el crimen insidioso que ha despiadadamente mantenido rehén a la sociedad por años. Sin mejoras rápidas en estas áreas, las grandes promesas de Colom serán difícilmente realizables.

Para que Colom lleve a Guatemala hacia adelante, su gobierno necesitará: 1) explicar claramente a los guatemaltecos y a la comunidad internacional por qué la impunidad persiste, 2) construir un nuevo y amplio consenso en el Congreso en referencia a reformas básicas, y 3) tener el valor de enfrentar en el nombre de la justicia al crimen organizado y a los elementos corruptos dentro de la élite económica.

No se puede dejar de enfatizar como el notoriamente incompetente gobierno de Oscar Berger dejó al nuevo presidente en una desventaja significativa para confrontar estos críticos desafíos. Cuándo el Presidente Berger asumió el poder en el 2004, siguiendo la más alta participación de los votantes en una elección presidencial en la historia democrática de Guatemala, él se jactó de su victoria sobre varios candidatos, que incluyeron Álvaro Colom y Efraín Ríos Montt, prometiendo poner fin a la impunidad gozada por criminales, narcotraficantes y por el crimen organizado. La plataforma anti-corrupción de Berger rápidamente se convirtió en un chiste, el proceso legal y condenas a criminales casi se desvanecieron, la violencia se incrementó y oficinas del gobierno pasaron al control de poderes del crimen organizado y algunos grupos poco escrupulosos de la élite económica.

Bajo la mirada del gobierno anterior, Guatemala ganó el adverso título como el país con la tasa más alta de asesinato de mujeres en el mundo. De acuerdo a las cifras de la policía, más de 6,000 personas fueron asesinadas en el 2006 – muchas mas que las 2,900 en el año 2000 – y menos del 2% de estos homicidio terminan en sentencias. Esto ha convertido a Guatemala en uno de los países más violentos del mundo donde predomina la impunidad.

No es solamente el tráfico de drogas y el asesinato lo que escapa a la atención judicial. El crimen de cuello blanco, la corrupción, y la evasión fiscal también prosperaron dramáticamente bajo Berger, haciendo que Amnistía Internacional caracterizara a Guatemala como el “Estado Corporativo de la Mafia”.
Con el terriblemente incompetente desempeño del Ministerio Público, el Fiscal General Juan Luís Florido, quien fue nombrado por Oscar Berger, representa la herencia más dañina recibida por el Presidente Colom.

Después de su victoria, Colom llevo a cabo una rueda de prensa conjunta con el Fiscal General en la que expresó su apoyo, pero presentando las expectativas y metas específicas que este debería lograr. Si Florido falla en lograr esas metas, queda implícito que Colom podría destituirlo y nombrar un nuevo Fiscal General conforme lo manda la ley, que es mucho más que lo que el Presidente Berger hizo cuando instaló a Juan Luís Florido luego de haber destituido al Fiscal General Carlos de León.

En términos de la seguridad, hasta ahora Colom ha cumplido con su discurso firme. . El 12 de febrero, obtuvo que el Congreso pasara legislación que permitirá revisar la ley de pena de muerte, que aunque la Unión Europea se opone, es sumamente popular entre el público desesperado por el crimen, y ha ayudado a movilizar la burocracia dejada por Berger apresurando la apertura de la CICIG.

Pero hay muchos obstáculos que Colom deberá superar para combatir con éxito la violencia. Según Vinicio Gómez, Ministro de Gobernación, habría 18,744 miembros de la Policía Nacional encargados de la seguridad pública en un territorio con cerca de 13 millones de habitantes. Esto representa un policía por cada 2,400 civiles, y uno por aproximadamente 21.77 kilómetros cuadrados – una tarea que él describió como “humanamente imposible”. Hay apenas 1,180 personas que trabajan para el Ministerio Publico, que recibe apenas 7.53% del presupuesto nacional.

La UNE ha prometido aumentos al presupuesto de alrededor de 350 millones de quetzales para mejorar la habilidad del estado para investigar y procesar a los criminales. Dado que el gobierno de Berger operó con altos déficit durante cuatro años, dejando una deuda de más del 23% del PIB, combinado con aumentos al precio de la energía, el gobierno de Colom está bajo presión tremenda para recortar los gastos y aumentar los ingresos del Estado.

Así muy rápidamente, el éxito futuro del nuevo presidente depende mucho de su habilidad para financiar sus reformas de seguridad, para lo que tendrá que incrementar el cobro de los impuestos que todavía no ha alcanzado el mínimo del 12% de PIB acordado bajo los Acuerdos de Paz de hace más de diez años. Guatemala ha sido largamente identificada como uno de los estados más débiles en términos de recaudación fiscal, y Carolina Roca de la SAT aconsejó recientemente al gobierno de Colom que ellos tendrán que “sacarle el jugo a los impuestos” debido a que la evasión del IVA se estima en 26.1% – por encima del promedio regional.

Colom puede comenzar a reparar el tremendo daño dejado por Oscar Berger reasignando los recursos provenientes de donaciones de los países amigos enfocándolos donde es más importante, la instrucción y profesionalización de la policía y del sistema judicial. Es también esencial que Colom logre que el Congreso pase la nueva Ley Anti-evasión, que reforzará la habilidad del gobierno para castigar la evasión y el fraude fiscal.

Para lograr estos objetivos se requerirá de consenso entre diversas bancadas en el Congreso de la República y hacer las reformas necesarias. Sin embargo, incluso si el presidente tiene éxito en obtener ese consenso solo logrará la disminución de la violencia y la impunidad si el Estado procesa judicialmente casos de alto impacto y violadores de la ley de alto perfil bien conocidos por todos. Solo así podrá el gobierno de Álvaro Colom comunicar a los guatemaltecos de manera indisputablemente clara que las viejas reglas del juego de Berger ya no aplican – que los criminales en Guatemala, no importando su origen, van a tener finalmente que aceptar responsabilidad por sus acciones.

El Presidente Colom ha heredado de su incompetente e indiferente predecesor una situación muy difícil, pero tiene ante sí la oportunidad de efectuar cambios reales que traerán un mejor futuro a todos los guatemaltecos.

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