De rehenes a ilegalidades.

Por: Fidel Eduardo Orellana

forecruz@hotmail.com

El secuestro de varios turistas belgas y dos guatemaltecos por parte de un grupo de campesinos afines al movimiento que lidera Ramiro Choc en Izabal ha venido a constituir sin duda un nuevo dolor de cabeza para el gobierno de Álvaro Colom.

Los medios escritos, radiales y televisivos del país han informado ampliamente sobre todos los detalles de este hecho que finalmente derivó en la liberación de los rehenes, asumiendo algunos de esos medios una prejuiciosa posición de censura contra el movimiento campesino. Y como ejercicio de reflexión vale la pena recordar algunos detalles de esos sucesos e incursionar en las motivaciones que orillaron a estas personas a tomar una medida tan radical y sobre todo a reflexionar sobre las consecuencias.

Como seguramente recordarán, en febrero de este año Ramiro Choc, dirigente campesino ampliamente conocido en Izabal (incluso fue candidato a diputado postulado por un partido de izquierda hace algunos años), fue detenido por las autoridades acusado de los delitos de usurpación, robo, detención ilegal y algún que otro ilícito más, producto de la denuncia interpuesta por la propietaria de un inmueble en el municipio de Livingston.

La medida hizo que decenas de familias se movilizaran sobre todo en el sector de Río Dulce, donde Ramiro ha desarrollado una labor más activa. La primera medida de hecho de sus seguidores fue tomar como rehenes a 29 agentes de la Policía Nacional Civil y condicionar su liberación por la del líder campesino. A cambio de la liberación de los elementos de seguridad, altos funcionarios del Gobierno se comprometieron a abrir una mesa de diálogo para discutir no solo ese, sino otros temas relacionados con la demanda de tierras de cientos de campesinos en Izabal.

Fue promesa gubernamental y por eso los campesinos de Río Dulce accedieron a dejar en libertad a los agentes de la PNC. Sin embargo, una vez que los elementos del cuerpo policial estuvieron a buen resguardo, el mismo Presidente de la República afirmó que no negociaría, yendo más allá al calificar de terroristas a quienes tomaron esta medida.

Duro golpe y decepción para el movimiento campesino, que esperaba hacerse escuchar y plantear demandas y necesidades al Gobierno. Pero también ingenuidad del Gobierno al pensar que todo el problema se había resuelto y que no se volvería a oír hablar del asunto. De ese dulce sueño fue despertado el régimen el Viernes de Dolores, cuando tradicionalmente la temporada turística se encuentra en su mejor momento; cuatro turistas belgas y dos guatemaltecos fueron retenidos y obligados a desplazarse por diferentes puntos del municipio de Livingston, difíciles de localizar.

De nuevo la demanda campesina para que se libere a Ramiro Choc y se aborde el tema de la tierra. Finalmente los turistas fueron liberados, pero hoy en circunstancias muy diferentes. Las fuerzas de seguridad incurren en la ilegalidad de tomar como rehenes a tres campesinos para canjearlos por los turistas, ahora sobreviene el agravante de un campesino muerto como consecuencia de la incursión de dichas fuerzas combinadas en una comunidad de ese municipio y la consecuente censura de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que fungió como mediador en todo ese espinoso asunto y fue por tanto espectador privilegiado de todos los pormenores.

Pero hay más; sin duda la intención de los campesinos al capturar turistas extranjeros fue bien calculada, sabían que eso conllevaba un golpe al turismo, cierto, pero a cambio haría que los ojos del mundo se fijaran en esta parte del continente y lo que con tacto, con diplomacia pudo el Gobierno resolver sin levantar tanto polvo se ha convertido hoy en un problema serio sobre el que tendrá por lo menos que pronunciarse, dado que la comunidad internacional sabe que aquí, en Izabal, está pasando algo.

Que la toma de rehenes por parte de campesinos y Gobierno es una ilegalidad, eso nadie lo puede negar. Quizá el Presidente Colom se excedió al calificar de terroristas a los campesinos que tomaron estas medidas; de haber sido un grupo terrorista, con todas las letras, ni los policías ni los turistas belgas estarían hoy vivos.

De cualquier forma, hoy la Administración Colom está a prueba, porque de que hay demandas por la tierra las hay y esa es una realidad que la socialdemocracia que nos gobierna no podrá eludir, si es que es socialdemocracia.

Lo que los medios no dijeron del conflicto de tierras en Izabal.

Recibimos esta información que compartimos con ustedes.

La detención del dirigente campesino Ramiro Choc, ha hecho estallar un conflicto entre las autoridades y las comunidades Q´eqchíes en Livingston, Izabal. Choc reivindica los derechos ancestrales de comunidades indígenas que fueron desalojadas de un terreno en disputa en junio de 2006.

El gobierno ha calificado las acciones de los campesinos como «terroristas», exacerbando las tensiones entre ambas partes. En el trasfondo de este conflicto subyace un entramado de intereses económicos por la tierra en una región donde se cruzan necesidades de sobrevivencia de poblaciones enteras con áreas protegidas y proyectos turísticos.

Asimismo, subyacen otros intereses que giran en torno a la explotación minera, el cultivo de la palma africana y la ganadería. Este conflicto es uno más de los que se han dado en Izabal y que han puesto de manifiesto la urgente necesidad de encontrar una solución al problema agrario, el cual ha sido un foco de conflictividad durante sucesivos gobiernos.

ESTALLA CONFLICTO DE TIERRAS EN IZABAL.

El 14 de febrero, el dirigente Q’eqchí, Ramiro Choc, fue detenido por las fuerzas de seguridad y llevado a la cárcel de Zacapa. La orden de captura fue girada por el Ministerio Público (MP ) bajo cargos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal, siendo la querellante adhesiva Silvia Ileana Lemus Solórzano de Castellán . Posteriormente, Choc fue trasladado al Preventivo de la zona 18 en la capital.

En protesta contra la detención de Choc, el 21 de febrero, 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron mantenidos como rehenes y liberados luego de un cautiverio de 33 horas gracias a la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH ) y el compromiso de las autoridades de sentarse a negociar una solución al conflicto.

Sin embargo, los primeros intentos de negociación fracasaron. Los campesinos, por una parte, dijeron que esto se debió a la falta de voluntad del gobierno para dar respuesta a sus demandas y, por otra, el presidente Colom condenó enérgicamente las acciones de los campesinos:

«Más de cinco secuestrados es terrorismo. El gobierno no va a negociar con ningún grupo ilegal» (Nuestro Diario, 24/02/08).

El 27 de febrero, 120 efectivos de la PNC y el Ejército tomaron control de Livingston y reabrieron la subestación policial, que había permanecido cerrada durante siete días tras la toma de los rehenes (Prensa Libre, 28/02/08).

Con estos incidentes se agudizó un conflicto que comenzó en junio de 2007, cuando los campesinos habían sido desalojados de los terrenos del barrio Buena Vista La Esperanza sobre los cuales Lemus Solórzano reclama derechos de propiedad.

Tras el desalojo, el grupo de campesinos liderado por Choc amenazó con boicotear las elecciones en Livingston y El Estor si representantes del gobierno se negaban a negociar con ellos (Prensa Libre, 10/08/07).

La disputa por el Astillero

Desde 2001, Silvia Lemus Solórzano se ha visto involucrada en una disputa de tierras con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC). Según una investigación publicada por elPeriódico, el 14 de julio de 2006, El Astillero, terreno que se encuentra frente a la costa de Livingston, Izabal, ha sido utilizado desde el siglo XIX como astillero para reparar barcos y fue inicialmente propiedad de inmigrantes alemanes que se asentaron en Izabal.

En 1896, pasó a ser propiedad de la Compañía Ferrocarril Verapaz y Agencias del Norte y en 1943 el terreno fue expropiado por el Estado por razones de utilidad y necesidad pública. En 1989 se convirtió en propiedad de la empresa estatal EMPORNAC.
En 2001, Lemus emprendió un proceso sumario de desocupación y desahucio argumentando que El Astillero era de su propiedad.

Después de haber dado comienzo al proceso, Lemus fraccionó una parte de su terreno y se lo otorgó a su hijo Francisco Arturo Castellán Lemus.

Antes de inscribir el fraccionamiento en el Registro, Lemus fue a la municipalidad para que el entonces alcalde de Livingston, Byron Juventino Chacón Ardón , inspeccionara y midiera la propiedad para establecer los linderos a pesar de que esto no era un requisito legal para la inscripción de la propiedad. El alcalde y el secretario municipal autorizaron la desmembración de la finca y en acuerdo se dio constancia de que Lemus poseía un derecho de propiedad sobre el terreno.

Este fraccionamiento de la finca que pasó a manos de Castellán Lemus fue inscrito con el número 4777, folio 277 y libro 10E de Izabal. El problema es que según los datos cartográficos, se sobrepone al terreno de EMPORNAC. La inscripción en el registro muestra que para poder anotar esta finca, los linderos de la finca original de Lemus Solórzano tuvieron que haber sido alterados.

Originalmente en el lindero sur del terreno de Lemus Solórzano existía una franja de 50 varas entre el terreno y la playa pero en la nueva finca esto se eliminó y se extendió hasta la playa.

Sin embargo, Abraham Santizo, abogado de Lemus Solórzano dijo a Inforpress : «La portuaria dice que es propietaria de una finca en Livingston que es ahora propiedad de los Castellán. Si bien es cierto que la portuaria tiene una finca en Livingston, no está marcada por colindancias» . A esto añadió que «si fueran propietarios no hubieran reclamado un juicio ordinario de reivindicación de posesión, sino que hubieran reclamado propiedad»

De acuerdo con Santizo, la Corte le dio a EMPORNAC posesión de El Varadero pero un recurso de amparo interpuesto por Lemus Solórzano fue confirmado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Para complicar más las cosas, el 6 de agosto de 2003, Tito Antonio Bassi Leoni interpuso una demanda contra Castellán Lemus. Bassi Leoni , quien reclama ser el propietario de la finca que Castellán Lemus adquirió cuando el terreno de su madre fue fraccionado, es un personaje conocido en Izabal como vendedor de armas israelitas al Ejército guatemalteco durante el conflicto armado * . Bassi Leoni es propietario de tierras en la región y también es dueño del hotel Tucán Dugu en Livingston, Izabal, a través de su empresa Intersuiza S.A.

Santizo alega que la disputa se debe a que EMPORNAC le otorgó a Bassi Leoni un terreno en arrendamiento pero que en la documentación no se especifica cuál es su ubicación exacta. Cabe señalar que durante los últimos diez años, Castellán Lemus ha sido objeto de varias demandas, una por agresión interpuesta en 1998 por Juan José Blanco Paz, alcalde auxiliar del Barrio Pueblo Nuevo, Livingston y otra interpuesta por el Club Internacional de Yates S.A., en 2003.

TERRENOS EN DISPUTA.

Según las organizaciones campesinas de Izabal y el alcalde de Livingston, Miguel Rax Asij, las tierras del barrio Buena Vista La Esperanza pertenecen a la municipalidad mientras que Lemus Solórzano reivindica ser la propietaria legítima. Cabe señalar que la familia Lemus también se ha visto involucrada en disputas de tierras con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) y otros actores.

Arnoldo Yat , de la Defensoría Qeqchí explicó a Inforpress : «Todo se centra en la certeza jurídica de la tierra. Sí tiene ella el título de la propiedad pero hay traslapes de fincas. Por otra parte, la comunidad reclama sus derechos ancestrales. Ocuparon la finca de la señora pero lo consideran parte de la comunidad» .

En entrevista con Inforpress , Rax Asij , alcalde por la Unidad Nacional de la Esperanza ( UNE ) dijo: «Ella [Lemus] trabajó un tiempo en el Registro de la Propiedad y siendo así se apoderó de las fincas pero no sabía cuáles eran los linderos del terreno. Luego, el administrador de ella puso los linderos y surgieron los problemas».

Sin embargo, Lemus Solórzano niega haber trabajado en el Registro de la Propiedad.

Una funcionaria de la oficina de recursos humanos del Registro de la Propiedad, confirmó a Inforpress que según los archivos del registro Lemus Solórzano nunca trabajó en esa institución.

Lemus Solórzano acusa a Rax Asij de haber manipulado las demandas campesinas con fines políticos: «El alcalde es qeqchí . Trajo a esa gente del Estor y les ofreció tierras para que votaran por él». Sin embargo, Aníbal Maquín, quien fue funcionario del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) hasta diciembre de 2007 explicó: «Un grupo de El Estor es parte del movimiento pero es por la misma necesidad. La mayoría son albañiles y carpinteros. Es gente de El Estor pero ya se avecindó allí y lleva como ocho años en Livingston» -sic- .

En cuanto al desalojo que originó el conflicto, Lemus Solórzano dijo a Inforpress : «Invadieron y tuvimos que aplicar la ley para que fueran desalojados. Hasta les propusimos venderles la parte ocupada. Pero esto es casco urbano. Se venden lotes para casas pero ellos querían granjas»

Abraham Santizo, abogado de Lemus Solórzano, añadió: «Ellos querían la venta pero no tenían la plata. Esta gente no accedió a retirarse del lugar. Doña Silvia les ofreció cuatro manzanas pero ellos pedían todo, las 36 manzanas, y tuvimos que acudir al Ministerio Público».

Santizo dijo que durante el desalojo, Erick González, un funcionario de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), fue vapuleado. Sin embargo, los campesinos de Izabal y de otros departamentos donde ha habido desalojos forzosos han acusado a González de comportarse en una manera prepotente y abusiva en su trato con las comunidades.

Carlos Morales, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), dijo a Inforpress : «Durante el gobierno de Berger mandaron a un grupo llamado de alto impacto. Vinieron a amenazar a las personas. Erick González era el coordinador de la SAA en Alta Verapaz. Hay muchas quejas de los campesinos sobre la prepotencia con la que trataba a la gente.